Duro despertar en septiembre

En la región del Bío Bío, los trabajadores y sus dirigentes se vieron fuertemente afectados tras el golpe militar. Hubo detenciones, represión, persecución. Las organizaciones dejaron de funcionar y por momentos el miedo paralizó. Sin embargo, de a poco el movimiento sindical se rearticula y empieza a emerger.

Muy temprano los trabajadores y los dirigentes sindicales que llegaron a sus lugares de trabajo en la región del Bío Bío, el 11 de septiembre de 1973, se encontraron con verdaderas murallas de militares que custodiaban las empresas, en aparente nerviosa tranquilidad. Algunos pensaron que se trataba de la puesta en marcha de la Ley de Control de Armas, otros que era a una asonada parecida al Tanquetazo del 29 de junio del mismo año, pero hubo otros que percibieron que el temido golpe militar se había presentado con fuerza. Sin embargo, según confiesan sindicalistas, 33 años después, “no vimos la gravedad de los hechos que se desencadenarían y la prolongación del nuevo gobierno de facto, como consecuencia del derrocamiento del Presidente Salvador Allende”.

En todo el país ocurrió lo mismo. La orden era desmantelar a las fuerzas sociales, especialmente a las organizaciones de los trabajadores y a sus directivas.
“El 11 de septiembre de 1973 llegué temprano a la refinería Concepción, como era mi costumbre y vi que la empresa estaba rodeada de militares. Recordé que en el seno del Comando Nacional de Trabajadores del Petróleo se estuvo analizando hasta tarde los alcances de la Ley de Control de Armas y pensé que las Fuerzas Armadas comenzaban su aplicación. Ingresé a la empresa sin problemas y alcancé a intercambiar unas palabras con el jefe de personal, antes de entrar a una reunión que se nos hizo interminable. El jefe me preguntó: ¿ qué te parece que estemos rodeados de militares? Respondí lo que pensaba: se trata de la aplicación de la Ley de Armas, pero me contradijo diciendo “creo que es más grave”. De esta manera revive ese particular momento, el vicepresidente del Sindicato Petrox, Ricardo Barrenechea Aguayo.

Sin embargo, para el ex director de la Central Única de Trabajadores (CUT), Antonio Deij Escribano, el 11 de septiembre se presentó en negro. “Desde temprano vimos los camiones militares cargados de chilenos que los transportaban con destino desconocido”.
También recuerda que “teníamos orden de partido de defender las empresas y las obras de construcción que se estaban realizando en cada una de las provincias a través del Ministerio de Vivienda, pero esa orden nunca llegaba, hasta que nos juntamos varios dirigentes de la CUT y del Sindicato Provincial de la Construcción y decidimos llamar a Santiago y se nos contestó que debíamos esperar el desarrollo de los acontecimientos”.

Ya pasada la tarde del 11, cuando en Concepción se sabía que los militares habían bombardeado La Moneda y Allende estaba muerto, comenzaron a emitirse los bandos de la Junta de Gobierno, por medio de los cuales se pedía la presentación voluntaria de dirigentes sindicales, sociales, políticos y otros chilenos a regimientos, cuarteles policiales de Carabineros o de Investigaciones. Muchos de los que respondieron a este llamado no volvieron más a sus casas...

Al día siguiente, ya los trabajadores comenzaron a vivir un proceso que sería sistemático durante los primeros meses del régimen militar. “Cuando ingresamos a la Refinería Petrox, lo debíamos hacer en fila y los militares con lista en mano apartaban a unos, que luego los llevaban en camiones detenidos con destino desconocido, al resto nos dejaban ir a trabajar. Durante los primeros dos meses después del 11 se despidió arbitrariamente a más de 70 de nuestros compañeros”, cuenta Ricardo Barrenechea.

“Le dieron duro al movimiento sindical, porque era un sector de la sociedad chilena que iba creciendo a tasas nunca antes vistas, y por ese motivo los uniformados nos convirtieron en el enemigo número uno, nos atribuyeron un gran peligro para su gran gobierno”, agrega Antonio Deij.

Los hechos demostraron que ese dirigente provincial y director de la CUT en aquel aciago 11 de septiembre de 1973, no se equivocaba en su visión, pues el 17 de septiembre de 1973, cuando ya estaban detenidos los principales líderes sindicales del país de pensamiento político pro Unidad Popular, se dictó el bando N° 12 que disolvió a la Central Única de Trabajadores y a más de cinco mil federaciones, confiscando sus bienes.

Por esos días también se dictó el decreto 198 que congeló los salarios de los trabajadores de las empresas públicas, privadas y de los funcionarios fiscales. Además prohibió las elecciones y en mucho casos el régimen, a través de sus interventores, nombró a trabajadores en las directivas sindicales para que ocuparan los puestos de los titulares que se encontraban despedidos o detenidos.

Primeras acciones

Los sindicalistas, estupefactos y muy golpeados por la intervención militar, estuvieron en shock hasta comienzos de 1974 cuando se comenzaron a juntar grupos, en distintos lugares, a intercambiar sus visiones. Barrenechea relata que en el Sindicato de Empleados de Bahía que dirigía Roberto Arredondo Fierro, se hicieron las primeras reuniones para concordar un esquema a seguir en defensa de los trabajadores que eran despedidos u obligados a jubilar en precarias condiciones. “Algunos tenían la idea de que los militares pronto iban a entregar el poder y llamarían a elecciones, otros como yo pensábamos que lo que estaba pasando era más grave y que la dictadura se prolongaría en el tiempo”, dice Ricardo Barrenechea, quien fue elegido presidente de los ingenieros de ejecución de la Refinería, que ya se llamaba San Vicente.

En ese panorama, la Iglesia se convirtió en un espacio de encuentro para los familiares que buscaban información acerca del paradero de sus seres queridos detenidos y de quienes nada se sabía , pese a los meses transcurridos. También ayudó a los liberados que salían en condiciones deplorables, luego de haber sido brutalmente torturados.

Al amparo de la Iglesia, los sindicalistas comenzaron a conmemorar los Primeros de Mayo, y allí comenzaron los reconstruir lentamente al sindicalismo, bastante dividido y golpeado.

La Iglesia también ayudó a los cesantes a través de la Coordinación Arquidiocesana de Comedores Populares, COACOP, nacida a raíz de la crítica situación económica que afectaba a los sectores más pobres. La experiencia partió en 1975 y se prolongó hasta 1980, según recuerda el sacerdote Enrique Moreno Laval, quien estuvo a cargo de la iniciativa.

“Había que hacer algo, no podíamos dejar que nuestros niños sufrieran de esa manera. Pero también nos interesaba hacer de esta solidaridad una oportunidad real para el crecimiento humano. Recuerdo que lo dijimos una vez: lo que queremos es un comedor y no un comedero. El comedor es una mesa donde cabemos y nos sentamos todos”.

Así, llegaron a funcionar más de 400 comedores populares en Concepción, Lota, Coronel, Penco, Tomé y otras comunas de la zona.

El año más duro fue a partir del 26 de marzo de 1975 cuando el ministro Jorge Cauas introduce la política económica de shock para frenar la inflación y sacrifica un millón de puestos de trabajo.

En un recuerdo más preciso, Jaime Torres Jofré, secretario ejecutivo de la Pastoral Obrera, dice que “la Iglesia reacciona en esos años en ayuda más inmediata hacia las víctimas y crea en la zona el Comité Pro Paz, igual que en Santiago. En esos años yo trabajaba en mi comunidad, en Coronel y paralelamente cuando se forma la Vicaría de la Solidaridad en Santiago, me hago cargo de la revista Solidaridad, así fue como me conocieron en la Pastoral Obrera, porque ellos la distribuían, llegaba aquí y se entregaba a los hogares de la región”.

Se permiten las elecciones sindicales

El 27 de septiembre de 1978 el ministro del Trabajo Vasco Costa dictó un decreto con fuerza de ley que permitió las elecciones sindicales en las empresas, pero con un carácter muy sui generis, propio del régimen del general Augusto Pinochet. El referido decreto señalaba: “Con fecha 27 de septiembre de 1978 se permite a los trabajadores de todas las empresas realizar elecciones sindicales, pero éstas deberán efectuarse el 1 de octubre de 1978. Serán candidatos todos los trabajadores de la empresa, pero se prohíbe hacer propaganda. Los elegidos deberán presentar a la Dirección del Trabajo y/o inspecciones laborales una carta juramentada ante notario donde dejan constancia que no han pertenecido a ningún partido político de la disuelta Unidad Popular. La nueva directiva sindical deberá velar por los intereses culturales, deportivos y recreativos de sus representados y no deberá pertenecer a ninguna federación, ni realizar labores ajenas a las señaladas. Su cuota sindical deberá reintegrarse a los trabajadores vía paquetes o vales para compra de alimento en dos períodos del años: Fiestas Patrias y Navidad. El sindicato no podrá administrar dineros sobrantes para el año siguiente, sino que deberá donarlo a una institución de beneficencia. Tampoco podrá tener bienes”.

Para el dirigente de los trabajadores metalúrgicos de Concepción en esa época, Miguel Soto, pese a sus restricciones, dicho decreto “fue un error de Pinochet, pues permitió realizar elecciones”. En ese sentido uno de los fundadores de la Central Unitaria de Trabajadores, Jorge Millán, elegido en el Laboratorio Chile, coincidió con Soto, ya que en su análisis dice: “Fue un error de Pinochet, porque los jóvenes que nos habíamos involucrado en actividades deportivas o culturales de la empresa, pudimos resultar elegidos porque éramos conocidos. Nosotros logramos, como Coordinadora Nacional Sindical elegir, gracias a este decreto, una importante base en todo el país y comenzar la reorganización”, dijo Millán al periodista Pedro Ruiz para un libro que permanece inédito titulado “El rearme del sindicalismo chileno 1975-1998”.

Pero un año más tarde, siendo ministro del Trabajo, José Piñera Echenique, dictó su famoso “Plan Laboral”, que permitió legalizar los sindicatos, por primera vez en la historia de Chile. En consecuencia obtuvieron personalidad jurídica, lo que les permitió poseer bienes e inscribir los que se encontraban a nombre de terceros y administrarlos.

Fue en noviembre de 1979 cuando en la zona y en todo el país se comienzan a fundar sindicatos en las empresas, ya en condiciones diferentes a las “ensayadas” por Vasco Costa un año antes.

En ese sentido, Ricardo Barrenechea recuerda que “se hizo la elección en la Refinería, que en ese año se llamaba Petrox y fui elegido entre los cinco primeras mayorías, formando parte de la primera directiva del Sindicato ENAP-Petrox, que reemplazó al Comando Zonal de Trabajadores del Petróleo y el 6 de noviembre de 1980 participamos en la constitución de la primera directiva de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo y Afines (Fenatrapech), que es la heredera del Comando Nacional de Trabajadores del Petróleo (CNTP)” .

A raíz de la constitución de los nuevos sindicatos legalizados y con derecho a negociar, pero partiendo a fojas cero (es decir perdían todas las conquistas sindicales de décadas de lucha) la Iglesia crea en Concepción la Vicaría de la Pastoral Obrera a cargo del sacerdote Enrique Moreno Laval, que actúa como su vicario.

Jaime Torres Jofré, quien lleva vinculado a la Pastoral Obrera de Concepción 25 años, cuenta que la “Iglesia crea esta vicaría porque los nuevos dirigentes sindicales estaban desconcertados con el nuevo escenario que crea el Plan Laboral y necesitaban capacitación para presentar sus pliegos de peticiones y negociar colectivamente a partir de 1980”.

Con más detalles, precisa: “La Pastoral Obrera es creada a fines de 1979, cuando el régimen comienza implementar su plan laboral de la mano del ministro del Trabajo de la época, José Piñera. Claramente la Iglesia en esta zona se vio involucrada por esta situación muy de cerca, porque aquí la represión fue dirigida hacia al mundo de los sindicatos, hacia sus dirigentes. También hubo una fuerte represión hacia el mundo universitario, pero lo concreto es que las mayores víctimas fueron los sindicalistas de la salud, del carbón, pesqueros, forestales y de la construcción. Aun cuando los muertos y desaparecidos del sector afiliados a sindicatos no son cifras muy altas en la provincia, pero los que sí están desaparecidos en su mayoría son dirigentes sindicales ”.

Pero lentamente los sindicalistas y los trabajadores van reaccionando. Es así como antes de terminar la década de los ’70, se había creado la Coordinadora Nacional Sindical, que tuvo su réplica en la zona con la Coordinadora Regional Sindical.

Así, se anticipaba una paulatina pero concreta rearticulación del movimiento sindical que en la década de los ’80 adquiere su propia dinámica y vive momentos que marcan su accionar futuro.


Por Pedro Ruiz V.
Concepción, octubre de 2006.-

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