No todo es color de rosas en Fundacion Las Rosas
Se encargan de los abuelos que nadie quiere. De los ancianos abandonados por la sociedad entera, de los más desvalidos y maltratados, incluso por un aparato estatal que no es capaz de brindar una vejez decente. La Fundación Las Rosas y sus funcionarios realizan su tarea en medio de la pobreza más profunda. Acogen a los que otros botan y lo hacen en base a donaciones, colectas y voluntariado de toda especie. Pero también con el dinero que los propios adultos mayores reciben como pensión. Nunca abunda la plata.
Pero ocurre que la precariedad contagia y se expande. Como explican en la organización sin fines de lucro ligada a la Iglesia Católica, los ingresos son tan variables que les cuesta satisfacer las demandas de un sindicato que agrupa a 310 trabajadores de los 1.250 funcionarios que la fundación posee en todo Chile. Otro tema es que la organización sindical recién pudo crearse en enero de este año, pese a que durante décadas parecieron obviar -o “donar”-, sus propios derechos en pos de la causa.
Hugo Astudillo trabaja hace más de once años en la obra y es el presidente del sindicato nacional de una Fundación que atiende a 2.154 ancianos distribuidos en 38 hogares en todo el país, donde el 87% presenta dependencia física o síquica, incluyendo la postración total. Brinda salud, alimentación y atención espiritual a los más viejos y pobres.
Pero la mayoría de quienes atienden a los abuelos tienen contrato de empleado de casa particular -“cerca de un 80%”, precisa Astudillo -, de los cuales “un 60% gana el sueldo mínimo más algunas asignaciones como el bono por trabajo nocturno”, añade la abogada del sindicato, Yanira Godoy. Por ello, hasta la madrugada del lunes, se negoció colectivamente para asegurar, entre otros puntos, una rebaja de la jornada de trabajo de 72 a 60 horas semanales –de doce a diez horas de lunes a sábado-, subir el bono a cinco mil pesos mensuales y reajustar los sueldos en un 8%. También anotan que el bono de matrimonio sólo se entregaba a quienes se casaran por la Iglesia Católica. “Y eso es discriminación”, alegan.
“La institución ha sido el resultado de un esfuerzo económico, sus ingresos son variables y constituidos principalmente por donaciones”, decía la fundación un día antes que la huelga legal votada por el sindicato se hiciera efectiva el martes pasado. La política económica debe considerar “la viabilidad de mantener beneficios a sus trabajadores, como también la permanencia de los hogares en el tiempo”, indican en la fundación.
Concretar las “mejoras mínimas” fue todo un lío para el sindicato. Denuncian presiones, prácticas antisindicales, mejor trato a los no agremiados y amenazas de despidos de algunos directores de hogares que, en definitiva, “gatillaron la renuncia de 25 socios”, expone la abogada Godoy.
La profesional se sentó en la mesa negociadora junto a los dirigentes y frente a subgerentes y gerentes de la fundación. Pero la huelga murió antes de nacer.
Agobiados por la presión, los trabajadores decidieron bajar la movilización y aceptar la última oferta de la empresa que al menos rebajó a 60 horas semanales su jornada pese a que la legislación para casi todos los chilenos habla de 45 horas para el mismo lapso.
La entidad también ofreció un alza del 7% en los ingresos y aumentó el valor de la caja de mercadería de fin de año de tres mil a diez mil pesos.
Dos puntos tensaban el acuerdo: subir el bono de trabajo nocturno a cinco mil pesos y pactar el contrato colectivo a dos años y no a tres, como quería la fundación.
La Fundación Las Rosas, naturalmente, entrega sus puntos de vista.
Explica que, por ejemplo, los auxiliares de enfermería con título técnico aprobado por el Ministerio de Salud no tienen contrato de asesoras de hogar.
“El personal que tiene contrato de asesora del hogar corresponde a aquel que cumple funciones propias de un hogar, según el artículo 146 del Código del Trabajo”, explican.
Echando mano al mismo Código, la ley establece que quienes laboren como asesoras del hogar tienen una jornada de 72 horas semanales. “Sin embargo, en Fundación Las Rosas desde hace tres años que se cumple una jornada máxima de 60 horas semanales, por lo tanto, no se contraviene la legislación vigente”, replican.
De paso, sobre el bono de matrimonio, la institución asegura “no discriminar en la atención y beneficios que entrega, tanto a sus residentes como a sus empleados”.
Pero tal vez lo que más cuestionan los sindicalizados es que la negociación se complique en un punto como el del bono de trabajo nocturno, que finalmente fue zanjado con un aumento paulatino de 500 pesos por año –a partir de 2007-, cuando los cargos gerenciales de la fundación ganan sueldos millonarios.
El contraste parece evidente.
Pero del otro lado anotan que la política de remuneraciones “en los últimos tres años ha permitido que los sueldos de las auxiliares de los hogares, donde se incluye a quienes realizan turnos de noche, hayan aumentado un 25%".
Por cierto, aclaran que “los sueldos del personal ejecutivo están por debajo del promedio del mercado”.
Con todo, en el sindicato no quedaron tranquilos.
Temen despidos bajo eufemismos como no renovación de contrato, e igualmente acudirán a la Inspección del Trabajo por las prácticas antisindicales.
Eso, mientras en la fundación aseguran no haber incurrido en tales prácticas, “ni menos ha amenazado a su personal de despidos, por lo tanto, los motivos de las renuncias de socios al sindicato no las conocemos”.
LA NACION
Pero ocurre que la precariedad contagia y se expande. Como explican en la organización sin fines de lucro ligada a la Iglesia Católica, los ingresos son tan variables que les cuesta satisfacer las demandas de un sindicato que agrupa a 310 trabajadores de los 1.250 funcionarios que la fundación posee en todo Chile. Otro tema es que la organización sindical recién pudo crearse en enero de este año, pese a que durante décadas parecieron obviar -o “donar”-, sus propios derechos en pos de la causa.
Hugo Astudillo trabaja hace más de once años en la obra y es el presidente del sindicato nacional de una Fundación que atiende a 2.154 ancianos distribuidos en 38 hogares en todo el país, donde el 87% presenta dependencia física o síquica, incluyendo la postración total. Brinda salud, alimentación y atención espiritual a los más viejos y pobres.
Pero la mayoría de quienes atienden a los abuelos tienen contrato de empleado de casa particular -“cerca de un 80%”, precisa Astudillo -, de los cuales “un 60% gana el sueldo mínimo más algunas asignaciones como el bono por trabajo nocturno”, añade la abogada del sindicato, Yanira Godoy. Por ello, hasta la madrugada del lunes, se negoció colectivamente para asegurar, entre otros puntos, una rebaja de la jornada de trabajo de 72 a 60 horas semanales –de doce a diez horas de lunes a sábado-, subir el bono a cinco mil pesos mensuales y reajustar los sueldos en un 8%. También anotan que el bono de matrimonio sólo se entregaba a quienes se casaran por la Iglesia Católica. “Y eso es discriminación”, alegan.
“La institución ha sido el resultado de un esfuerzo económico, sus ingresos son variables y constituidos principalmente por donaciones”, decía la fundación un día antes que la huelga legal votada por el sindicato se hiciera efectiva el martes pasado. La política económica debe considerar “la viabilidad de mantener beneficios a sus trabajadores, como también la permanencia de los hogares en el tiempo”, indican en la fundación.
Concretar las “mejoras mínimas” fue todo un lío para el sindicato. Denuncian presiones, prácticas antisindicales, mejor trato a los no agremiados y amenazas de despidos de algunos directores de hogares que, en definitiva, “gatillaron la renuncia de 25 socios”, expone la abogada Godoy.
La profesional se sentó en la mesa negociadora junto a los dirigentes y frente a subgerentes y gerentes de la fundación. Pero la huelga murió antes de nacer.
Agobiados por la presión, los trabajadores decidieron bajar la movilización y aceptar la última oferta de la empresa que al menos rebajó a 60 horas semanales su jornada pese a que la legislación para casi todos los chilenos habla de 45 horas para el mismo lapso.
La entidad también ofreció un alza del 7% en los ingresos y aumentó el valor de la caja de mercadería de fin de año de tres mil a diez mil pesos.
Dos puntos tensaban el acuerdo: subir el bono de trabajo nocturno a cinco mil pesos y pactar el contrato colectivo a dos años y no a tres, como quería la fundación.
La Fundación Las Rosas, naturalmente, entrega sus puntos de vista.
Explica que, por ejemplo, los auxiliares de enfermería con título técnico aprobado por el Ministerio de Salud no tienen contrato de asesoras de hogar.
“El personal que tiene contrato de asesora del hogar corresponde a aquel que cumple funciones propias de un hogar, según el artículo 146 del Código del Trabajo”, explican.
Echando mano al mismo Código, la ley establece que quienes laboren como asesoras del hogar tienen una jornada de 72 horas semanales. “Sin embargo, en Fundación Las Rosas desde hace tres años que se cumple una jornada máxima de 60 horas semanales, por lo tanto, no se contraviene la legislación vigente”, replican.
De paso, sobre el bono de matrimonio, la institución asegura “no discriminar en la atención y beneficios que entrega, tanto a sus residentes como a sus empleados”.
Pero tal vez lo que más cuestionan los sindicalizados es que la negociación se complique en un punto como el del bono de trabajo nocturno, que finalmente fue zanjado con un aumento paulatino de 500 pesos por año –a partir de 2007-, cuando los cargos gerenciales de la fundación ganan sueldos millonarios.
El contraste parece evidente.
Pero del otro lado anotan que la política de remuneraciones “en los últimos tres años ha permitido que los sueldos de las auxiliares de los hogares, donde se incluye a quienes realizan turnos de noche, hayan aumentado un 25%".
Por cierto, aclaran que “los sueldos del personal ejecutivo están por debajo del promedio del mercado”.
Con todo, en el sindicato no quedaron tranquilos.
Temen despidos bajo eufemismos como no renovación de contrato, e igualmente acudirán a la Inspección del Trabajo por las prácticas antisindicales.
Eso, mientras en la fundación aseguran no haber incurrido en tales prácticas, “ni menos ha amenazado a su personal de despidos, por lo tanto, los motivos de las renuncias de socios al sindicato no las conocemos”.
LA NACION
