El femicidio que puso en jaque a los tribunales de familia
Femicidio en Chile
Diario de mujer
La justicia que no llegó
Copiando textualmente el excelente artículo de las periodistas Beatriz Mitchel y Alejandra Carmona publicado hoy en LA NACIÓN DOMINGO el cual exibe nuestro dolor humano en relación a las muerte injustas por femicidio en Chile.
Carolonline.
catherine Casas-Cordero había denunciado dos veces las agresiones de su marido, pero las medidas cautelares nunca llegaron. La única audiencia había sido fijada para el 12 de octubre, pero su esposo la asesinó antes. Su padre se hizo cargo de sus nietos y de la lucha porque se haga justicia. Un testimonio que revela la precariedad de las políticas públicas contra el asesinato de mujeres.
Raúl Casas-Cordero mira los diarios y no puede creer que el nombre que lee insistentemente sea el de su hija Katherine. Pero en su casa de Maipú, los recuerdos lo enfrentan con el dolor más grande de su vida. Tiene álbumes de fotos completos dedicados a ella y dos niños de uno y tres años que preguntan por su mamá. Del papá no hablan. La mayor se divierte con su abuelo Raúl y le dice "papá". Ése es su juego. El hombre, que bordea los 60 años, ha tenido que comenzar de nuevo. Esta vez el desafío que le resta por al menos 20 años más es criar a sus nietos. Otra vez calienta mamaderas en la noche. Otra vez tiene que enseñar a comer, a caminar, a dormir. Lo que está viviendo es resultado de la violencia irracional de un hombre y también de un sistema judicial que falló.
Su hija Katherine Casas-Cordero, de 26 años, murió degollada por su marido, Omar Ponce, el sábado 22 de septiembre. A pesar de haber presentado dos denuncias por violencia en julio y agosto, el Primer Juzgado de Familia de Santiago la citó para el 12 de octubre. Incluso dio cuenta de las amenazas de su esposo, que ya había hablado de degollarla. Por supuesto, ella no alcanzó a llegar a la cita con la justicia.
El caso de Katherine es sólo un ejemplo de la lentitud de un sistema judicial que no aguanta la realidad del país. En lo que va corrido del año, 49 mujeres han muerto por crímenes de género. "Estamos absolutamente colapsados, el sistema se diseñó mal y no se cuenta con todos los medios para prestar la ayuda que la gente necesita", dijo la semana pasada la jueza Gloria Negroni, del Tercer Tribunal de Familia.
El caso de Katherine destapó la olla, pero ninguna de estas explicaciones le basta a Raúl. "Acá hubo un tribunal que hizo las cosas mal y el daño que se ha hecho es muy grande. Seguimos los conductos regulares, ella denunció cuando debió hacerlo. Yo mismo le dije que siguiera paso a paso los trámites ¿Y ahora qué hago yo? ¿Quién responde por mis nietos? Cada uno va a recibir una pensión de 60 mil pesos de por vida. Nada más. No van a poder ir a la universidad, si es que quieren. Mi hija no les pudo dejar nada, porque uno se consolida recién a los 40 años, pero ella ni siquiera alcanzó a vivir su vida".
¿UN TEMA PAÍS?
La Corte Suprema designó a la titular de la Segunda Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marta Pinto, para indagar las eventuales faltas, abusos e incorrecciones en el procedimiento por violencia intrafamiliar iniciado en el Primer Juzgado de Familia tras las denuncias de Katherine. Según señaló a LND una alta fuente del Poder Judicial, el documento detalla una serie de irregularidades. Es por esto que se derivaron los antecedentes al Tribunal de Alzada capitalino para que se designe un ministro en visita que inicie un sumario y determine responsabilidades administrativas contra los funcionarios que tramitaron la denuncia.
Sin embargo, para los especialistas, estas faltas van a continuar si Chile no aborda el problema desde todos los sectores sociales. "Es obvio que aquí hay un problema de recursos porque la reforma a la justicia de la familia siempre fue el pariente pobre en comparación con la reforma procesal penal. Además, se aplicó con ocho años de desfase de la investigación que decía cuántos recursos se necesitaban Aquí hay una responsabilidad de todos los sectores, pero más de parte del Estado", dice Paulina Maturana, abogada de la Corporación Humanas.
Diana Russell, socióloga estadounidense que expandió el término femicidio en el mundo, cree que es imprescindible mirar los procesos en otros países para aplicar medidas similares y detener los crímenes contra mujeres. "Este es un problema creciente en Chile, así como en Guatemala y en México. En este último país, las mujeres lograron que el Congreso reconociera el concepto de femicidio y que el Estado promoviera políticas públicas para frenar este crimen. Ojalá esto sea una inspiración para Chile", dijo a LND.
Lejos de las iniciativas a nivel internacional, los tres poderes del Estado chileno aún no se ponen de acuerdo en las medidas necesarias para que se promulgue una ley que refuerce la nueva justicia de familia. Hace más de cuatro meses, la Corte Suprema entregó un informe con los cambios que estima necesarios para solucionar de raíz el colapso que existe en esos juzgados y que, entre otras razones, provocaron que no se diera respuesta oportuna a los desesperados llamados de Katherine.
El máximo tribunal propuso aumentar a 257 los jueces de familia. Pero el Ejecutivo, inicialmente, sólo estaba dispuesto a financiar 30 magistrados. Mientras la malograda madre se aprestaba a la audiencia donde esperaba recibir protección del sistema, los poderes Ejecutivo y Judicial estaban sumidos en reuniones y estudios interminables. Hace pocos días acercaron posiciones: la Corte Suprema considera que el mínimo responsable es aumentar en 95 cupos los jueces; el Ejecutivo, por su parte, dice que sólo se pueden financiar 58. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, los senadores aún esperan que se pongan de acuerdo para discutir el proyecto.
El viernes, los jueces supremos decidieron crear una instancia para contener la emergencia que genera la demanda del sistema por denuncias de violencia intrafamiliar. En 15 días implementarán un Centro de Control de Medidas Cautelares y Violencia Intrafamiliar.
Mientras mira las fotografías de su hija, Raúl reconoce que el caso de Katherine sirvió para activar una serie de medidas que remuevan a un sistema colapsado e ineficiente, pero también enciende la luz de alerta sobre todos los temas que aún quedan inconclusos en torno a la violencia intrafamiliar. "Ahora estamos a la espera del juicio, pero no existe una pena justa para el crimen que este asesino cometió. ¿Cuánto le van a dar, 15 años? Y después, ¿cuando salga y quiera buscar a los niños? El Estado no se preocupa de qué pasa luego", dice. El problema no es sólo cómo los saca adelante, sino también cómo sigue viviendo si no hay políticas reparatorias de largo plazo.
EL ESTADO PAGA
Por ahora, Raúl se ha centrado en entregar la mayor cantidad de antecedentes a la fiscalía para el juicio contra su yerno. Sin embargo, también tiene en mente, como un segundo paso, recurrir a otras instancias que condenen "el grave error que cometieron los tribunales" al vulnerar las graves denuncias de su hija. "Es insólito, ya están buscando la culpa de Katherine en esto y dijeron que ella había desistido telefónicamente de la denuncia. Yo me pregunto cómo pueden decir algo así ¿Y si es el mismo hombre quien llama? ¡Cómo no van a pensar en esas posibilidades tan obvias!", se pregunta Raúl.
En Chile no existe ningún precedente de demanda contra el Estado por negligencias en causas de femicidio, y a nivel latinoamericano la única que se conoce es la de María da Penha Maia Fernández de abril de 2001, cuando la Comisión de Derechos Humanos determinó que el Estado de Brasil violó sus derechos y deberes en perjuicio de la afectada, que permanece con paraplejia irreversible desde 1983, producto de agresiones constantes y un intento de homicido por parte de su esposo, que no fue detenido por el Estado en más de 15 años.
"La Convención de los Derechos Humanos dice que los funcionarios públicos deben actuar con diligencia en la protección e indemnización de los ciudadanos, es decir, que el juez de familia debe proteger a la víctima. Eso hace factible que las familias demanden al Estado", asegura Paulina Maturana.
Para la familia de Katherine, femicidio en Chile sólo suena a negligencia. "Se habla tanto de esto que yo pensaba que había un aparataje que funcionaba, pero no es así", comenta resignado Raúl, antes de levantar en brazos a su nieto de un año que gatea inocente por la casa. "Estuvimos todos juntos para el 18 de septiembre cuenta y el niño ya daba pasitos, ahora sólo quiere estar en brazos, quiere que lo protejan". Aunque su nieta no habla del tema, Raúl también está preocupado por ella, porque él supone que la niña vio todo. "Cuando la encontraron, ella tenía manchas de sangre en su ropita. Fue al funeral de su mamá, pero como es tan pequeña todavía no entiende mucho. Siempre me pregunta cuándo va a volver".
MARGARITA HERREROS, MINISTRA DE LA CORTE SUPREMA
Últimas medidas: “A lo sumo sacarán al enfermo de la UTI
Redacción de Luis Narváez
Para evitar nuevos casos de femicidio, la Corte Suprema determinó la creación de un Centro de Control de Medidas Cautelares y Violencia Intrafamiliar que acogerá las denuncias de maltrato doméstico “con mayor urgencia”, un centro que se formará con un pool de jueces nominados por turno por los distintos tribunales, que debiera estar listo en un plazo de 15 días.
Para la ministra de la Corte Suprema Margarita Herreros, la medida pretende subsanar una deficiencia estructural con los mismos recursos y las mismas personas que actualmente existen en los tribunales de familia. “El cálculo inicial que hizo la Corte Suprema fue serio, después de un estudio de todos los factores que influyen en la efectividad, de manera que lo que se necesita es eso. Nos bajamos a ese número (95 jueces), pero a lo sumo serviría para sacar al enfermo de la UTI, pero aun así tengo mis dudas”, dijo la magistrada.
–¿Qué sucederá si sólo se aprueban estos 95 jueces, entonces?
–Con esta falta de jueces se ha ido juntando un stock de causas atrasadas. Entonces pretendemos poder disminuir ese stock y agendar las cosas que interesan en un plazo que no pase de los seis meses. Lo presentable sería que las cosas urgentes se vean de inmediato, no más allá de tres meses. Estamos ante la realidad de que no hay recursos y la ley no ha vuelto a caminar en el Congreso.
–Ahora, la Corte creó este centro especial para atender sólo peticiones de medidas de protección por violencia intrafamiliar. ¿Por qué no se tomó antes esta decisión?
–Hemos comenzado a estudiar para hacer una mejora con los recursos que tenemos. Eso va a ser un turno permanente y con los mismos recursos porque se va a sacar un juez por tribunal. Confiábamos en que iba a funcionar como estaba. Con los informes recibidos el viernes nos dimos cuenta que hay discrepancias y en eso se van a tomar medidas.
–¿Han observado irregularidades, por ejemplo, como el caso de Katherine Casas-Cordero?
–No diría irregularidades, sino que diferencias de criterio. Sobre ese caso no puedo decirle nada porque resulta que la Corte Suprema ordenó a la Corte de Apelaciones que investigue disciplinariamente.
